«No lo recomendamos. A corto y a largo plazo los costos y riesgos superan en gran medida los beneficios y se pone en riesgo la estabilidad financiera del país».
Son los argumentos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) esgrimió en los últimos meses para instar al gobierno salvadoreño a eliminar a bitcoin como moneda de curso legal.
Las exigencias del FMI tienen una contraprestación. Si El Salvador accede a sus peticiones, aumentan las posibilidades de avanzar en las negociones de un préstamo de USD 1.300 millones que el gobierno salvadoreño viene solicitando desde hace meses. La respuesta de Nayib Bukele no se hizo esperar: «Bitcoin no se va de El Salvador».
Fue así como el presidente bitcoiner sacudió las pretensiones del organismo internacional de derogar la Ley Bitcoin y frenar el crecimiento del ecosistema en el pequeño país centroamericano.
Hasta ahora no se conoce de alguna reacción pública del FMI ante la negativa de Bukele. Está en el imaginario colectivo la idea de que el organismo «salió con las tablas en la cabeza» en el caso de El Salvador.
Pero, ¿quedará todo hasta ahí? Eso aún está por verse y la respuesta tal vez se encuentre en el sur del continente, en Argentina, donde el Senado aprobó este 17 de marzo las cláusulas de un acuerdo con el FMI.
Para entender cuál puede ser la estrategia que seguirá el organismo multilateral, recordemos que las condiciones que impone a los países a los que ofrece asistencia financiera responden a una vieja norma. Una a la cual el FMI define como «condicionalidad«.
¿La «condicionalidad» ahora incluye a bitcoin?
Es bajo el criterio de condicionalidad que el FMI hace una serie de exigencias a los países a los que brinda sus préstamos. Se presentan como programas y políticas que los gobiernos deben aplicar, dirigidas a garantizar que el dinero sea devuelto.
No obstante, todo ocurre bajo la discrecionalidad del organismo, considerando que, tal como la define el FMI en su sitio web, la condicionalidad es «un marco flexible, en continua evolución y en constante revisión».
Es justamente con esta facultad que ahora el Fondo apunta contra bitcoin, y donde encajan las exigencias incluidas en el acuerdo del FMI con el gobierno de Argentina.
El documento técnico que respalda el acuerdo con el país suramericano contiene un apartado incluido en las políticas de «Fortalecimiento de la resiliencia financiera». El primer objetivo es «desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación».
Argentina, obligada a refinanciar su mayor deuda histórica con el Fondo Monetario Internacional, acepta esta condición. Pero el país tendrá que cumplir con algunas pautas que pueden afectar a los poseedores de bitcoin, tal como se ha dicho en varios artículos de CriptoNoticias.
Aunque no están claras la acciones que seguirá el gobierno argentino para seguir esta directriz, todo apunta a normas y fuertes regulaciones para el sector.
He aquí la aplicación práctica de la condicionalidad del FMI. En este caso con las criptomonedas como un blanco en la mira. El organismo ahora ejerce la presión sobre una de las comunidades bitcoiners más grandes y activas de la región, con un mercado valuado en más de USD 68.000 millones.
Tanto en sus exigencias a El Salvador como en las condiciones impuestas a Argentina, el FMI asoma sus intenciones. Mantiene una pelea a pulso con el ecosistema de bitcoin. El trasfondo probable: una lucha por el control.
El miedo a perder el control
En su constante discurso en contra de Bitcoin el Fondo Monetario arguye reiterativamente que el ecosistema representa grandes riesgos macroeconómicos. Su Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial, publicado en octubre pasado, cita a las criptomonedas como el segundo mayor desafío para la estabilidad financiera global.
Sin embargo, hay muchos que ven un trasfondo diferente en la urticaria que le produce bitcoin al FMI, y más allá de una preocupación por la macroeconomía, llaman la atención sobre el tema del control y el poder.
Un artículo publicado por Nasdaq, también en octubre, resume claramente esta idea.
«El FMI odia a Bitcoin porque ama el control total», es el título del escrito firmado por el periodista Shawn Amick. Allí se resalta el hecho de que el protocolo descentralizado de la red, y su política monetaria programática, desafían el control que el Fondo quiere implementar».
Comparto el planteamiento de Amick, sobre todo cuando argumenta que la meta del FMI sería prevenir «el Cuarto Giro».
Se trata de una teoría planteada por los estadounidenses William Strauss y Neil Howe en 1997, según la cual hay una progresión cíclica en la sociedad cada 80 años, con 4 turnos de 20 años aproximadamente.
De acuerdo a Strauss y Howe, el último ciclo histórico de 20 años comenzó en 2005 y concluirá con una crisis que derribará los viejos sistemas de poder y marcará el comienzo de una nueva era.
«Bitcoin puede representar el momento de crisis del Cuarto Giro, al derrocar a las instituciones financieras de antaño», desafiando las rancias bases del status quo financiero actual.
De ahí el miedo de la mayoría de los organismos internacionales, que reiteradamente se oponen a las criptomonedas. Esto, a pesar de que sus propias investigaciones dan cuenta de las ventajas de bitcoin y del interés creciente de las personas por la nueva tecnología financiera. Una movida que quieren que se mantenga bajo su mando, y no de otros.
Esto sucede porque, como dije más arriba, lo que está en juego es el control. Y aunque la excusa es la protección al consumidor, el mismo FMI confiesa su interés por mantenerse en el poder con estas palabras:
El dinero digital debe diseñarse, regularse y proporcionarse para que los gobiernos mantengan el control sobre la política monetaria para estabilizar los precios y sobre los flujos de capital para estabilizar los tipos de cambio.
Blog de FMI
La lucha a pulso continuará…
Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, es de esperarse que la lucha a pulso continúe, y que las criptomonedas sean un espacio de creciente intervención del FMI en las economías nacionales en los próximos años.
El precedente se sienta ahora en el caso de Argentina y en la forma en que la postura del gobierno de El Salvador, a favor de bitcoin, puede afectar sus posibilidades de obtener un préstamo.
Ya el Fondo lo advirtió en la mayoría de los informes presentados el año pasado: «ante la «criptoización» de las economías, los países deben fortalecer la credibilidad de la política monetaria, salvaguardar la independencia de los bancos centrales y mantener una posición fiscal sólida».