Mientras, en septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país a nivel global en autorizar el uso del bitcóin como moneda de curso legal, ahora se suma Panamá y en Argentina y Brasil también se discuten propuestas en esa dirección.
El Congreso de Panamá aprobó este jueves una ley que regula el uso opcional de criptomonedas, permitiendo incluso el pago de impuestos con estos activos en el país, que lucha por quitarse el estigma de «paraíso fiscal».
La nueva ley, que aún debe ser promulgada por el presidente Laurentino Cortizo para entrar en vigencia, reglamenta el «uso de criptoactivos como expresión de la libertad contractual y de la libertad monetaria en la República de Panamá», cuya economía está dolarizada.
Según esta norma, las personas naturales y jurídicas en Panamá podrán «libremente pactar el uso de criptoactivos» como Bitcóin o Ethereum, entre otras, «como medio de pago para cualquier operación civil o comercial» legal.
También permite a los órganos oficiales del país «recibir pagos (…) por concepto de impuestos, tasas y otras obligaciones tributarias en criptoactivos». Ello deberá ser reglamentado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Innovación Gubernamental.
En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país a nivel global en autorizar el uso del bitcóin como moneda de curso legal y dispuso su aceptación en todos los comercios.
«La ley busca darle claridad jurídica al uso opcional de criptoactivos en la República de Panamá» Y «crear licencias para facilitar la inversión extranjera y local de empresas que trabajen en el sector de criptoactivos», explicó el diputado Gabriel Silva, impulsor de la norma.
Todo ello, asegura Silva, «bajo el paraguas de las reglamentaciones y recomendaciones de GAFI en cuanto a lavado de dineros y activos». El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una entidad intergubernamental con sede en Francia, que desarrolla políticas para evitar el blanqueo de capitales.
Panamá, se encuentra en la denominada «lista gris» del GAFI, y es considerado un país de «mayor vigilancia», que trabaja para perfeccionar sus sistemas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. También está en la lista de «paraísos fiscales» de la Unión Europea.
Este país centroamericano se vio envuelto en 2016 en el escándalo de los «Papeles de Panamá», una investigación periodística que reveló cómo personalidades de todo el mundo escondieron dinero a través del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, y presuntamente evadieron impuestos. El caso irá a juicio este año.
En 2021, estudios de abogados de Panamá también fueron señalados en la investigación «Papeles de Pandora» como facilitadores para la conformación de sociedades opacas donde se ocultaron fortunas de reconocidas personalidades.
Desde el escándalo de 2016, según especialistas, Panamá ha impuesto mayores exigencias para la conformación de empresas o sociedades, que permiten identificar el origen de los fondos y a sus titulares.
